El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y nueve integrantes de la Secretaría de Marina (Semar) fueron vinculados a proceso por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada con fines de realizar delitos con hidrocarburos, tras ser aprehendidos por el caso de huachicol fiscal documentado en Tamaulipas.
La determinación se tomó después de una audiencia de más de 18 horas en los juzgados federales del penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde un juez federal resolvió que los señalados continuarán bajo proceso penal.
Manuel Roberto Farías Laguna es sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, quien según la PGR dos años antes habría denunciado la corrupción al interior de la dependencia.
Así operaba el Vicealmirante y marinos para traficar huachicol
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados habrían facilitado el ingreso de millones de litros de diésel a territorio nacional, haciéndolos pasar como aditivos.
La investigación señala que se trata de una estructura con alto poder económico y capacidad de corrupción, con operaciones en Tamaulipas, Colima, Sinaloa y la Ciudad de México, que contaba con empresarios, servidores públicos y miembros de las Fuerzas Armadas activos e inactivos.
Reclasificación del delito y prisión preventiva
Durante la audiencia, el juez reclasificó los cargos, quedando como delincuencia organizada con fines de realizar delitos con hidrocarburos.
Aunque hubo atenuantes, se determinó que los diez marinos permanecerán en prisión preventiva justificada mientras se desarrolla la investigación, la cual tendrá un plazo complementario de seis meses.
El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna fue señalado como una de las figuras de dirección dentro de la estructura, al igual que Climaco “N” y Humberto “N”, quienes presuntamente designaban servidores públicos en aduanas y recibían sobornos.
Por su parte, Sergio “N”, Carlos “N”, Fernando “N”, Erendia “N”, Perla “N”, Anatalia “N” e Israel “N” fueron acusados de simular revisiones a buquetanques, omitir inspecciones y entregar muestras falsas para encubrir el tráfico de hidrocarburos.
Testimonios clave en el caso
La FGR destacó el testimonio de Rubén Guerrero Alcántara, asesinado en noviembre de 2024 en Manzanillo, Colima, quien habría dejado un manuscrito denunciando estas irregularidades.
También aportaron pruebas el testigo protegido “Santo” y otros identificados como “JH” y “HRV”.
Según la investigación, entre 2024 y 2025 ingresaron a México al menos 32 barcos cargados con diésel bajo el argumento de que eran aditivos, lo que generó un grave daño económico al Estado mexicano.
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