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  • Destituyen a nueve funcionarios en Hidalgo por graves omisiones en la atención a mujeres víctimas de violencia

    Destituyen a nueve funcionarios en Hidalgo por graves omisiones en la atención a mujeres víctimas de violencia

    El secretario de Gobierno de Hidalgo, Guillermo Olivares Reyna, informó al Congreso del Estado, que nueve funcionarios han sido destituidos de su cargo por no cumplir con los protocolos establecidos y entorpecer la atención a mujeres que han sido víctimas de violencia.

    Al comparecer este martes 18 de noviembre ante integrantes de la LXVI Legislatura, como parte del Tercer Informe de Gobierno, Olivares Reyna detalló que entre los servidores públicos que han sido separados del cargo están un Subsecretario de Seguridad Pública; dos jefes del Instituto Hidalguense de la Mujer; tres Ministerios Públicos y tres administrativos del Poder Judicial de Hidalgo.

    El secretario de Gobierno informó que a través de las Jornadas por La Paz es cómo se detectaron omisiones graves por parte de estos servidores públicos.

    Indicó que durante estas jornadas las mujeres afectadas denunciaron que sus casos permanecían detenidos en carpetas de investigación sin seguimiento por más de un año, además de enfrentar trámites administrativos en varias dependencias que mantenían en pausa el avance de sus expedientes.

    Presume Olivares Reyna una disminución en feminicidios

    El secretario de Gobierno de Hidalgo, Guillermo Olivares Reyna, aseguró que la administración estatal ha logrado reducir en un 22.7% los feminicidios en la entidad.

    Explicó que han atendido más de 300 casos y 106 mil mujeres han sido atendidas en las Jornadas por la Paz.

    Durante la comparecencia, Olivares Reyna también presentó una lista de cifras sobre los avances que asegura ha realizado el Gobierno de Hidalgo en:

    Gobernabilidad y seguridad

    • Más de 1,500 asuntos político-sociales atendidos.
    • 52 reuniones del Gabinete de Seguridad.
    • 257 encuentros interinstitucionales.
    • 2,773 millones de pesos invertidos en seguridad.
    • 4.71% de disminución en la incidencia delictiva.
    • 48.27% de reducción en robo a transporte en el Arco Norte.
    • 5.5 millones de litros de hidrocarburo recuperados.
    • Más de 1 millón de dosis de droga decomisadas.
    • 11 operativos contra la tala clandestina.
    • 280 m³ de madera asegurada.
    • Hidalgo, octava entidad más segura del país (cifras SESNSP y ENVIPE 2024).
    • Cero palacios municipales tomados.

    Búsqueda de personas

    • 76.1% de tasa de localización.
    • 92.7% de personas localizadas con vida.
    • Séptimo lugar nacional en localización.

    Atención a la ciudadanía

    • Más de 2 millones 900 mil trámites y servicios otorgados.
    • Índice de Estado de Derecho: resolución administrativa pasó de 0.28 a 0.44 puntos.

    Población y desarrollo

    • 37% de disminución en la tasa de fecundidad adolescente.

    Si deseas, puedo generar una versión en formato de gráfica, un texto informativo para nota, o un copy para redes.

  • Contraloría de Hidalgo investiga a 700 funcionarios por ostentar doble plaza sin requisitos legales

    Contraloría de Hidalgo investiga a 700 funcionarios por ostentar doble plaza sin requisitos legales

    La Secretaría de la Contraloría de Hidalgo abrió una investigación contra 700 funcionarios públicos por presuntamente ostentar dos plazas de manera simultánea, sin cumplir con los requisitos legales de compatibilidad de cargos.

    El titular de la dependencia, Álvaro Bardales Ramírez, explicó que los servidores públicos que ocupan más de un cargo deben solicitar una carta de compatibilidad emitida por la Contraloría, además de presentar dos declaraciones patrimoniales (una ante el Ayuntamiento y otra ante el Poder Ejecutivo) y dos declaraciones de no conflicto de intereses, requisitos que no habrían cumplido.

    Bardales subrayó que cargos como regidor, diputado y presidente municipal son de tiempo completo, por lo que resulta incompatible desempeñar un segundo empleo.

    Funcionarios señalados

    Entre los investigados se encuentran regidores, síndicos y servidores municipales que, además de su cargo de representación popular, mantienen plazas en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), ya sea administrativas o de docencia.

    En este sentido, el gobernador Julio Menchaca ha reiterado el llamado a que los implicados soliciten licencia en alguno de los dos puestos, aunque varios se han amparado en un artículo constitucional que permite compatibilidad entre los cargos de elección popular y la docencia.

  • Prometieron carretera… y entregaron baches: vecinos retienen a funcionarios en Santa Cruz, Huejutla

    Prometieron carretera… y entregaron baches: vecinos retienen a funcionarios en Santa Cruz, Huejutla

    Huejutla, Hidalgo.— Cansados del incumplimiento en la rehabilitación de la carretera estatal Huejutla–Santa Cruz, habitantes de la comunidad de Santa Cruz decidieron pasar del reclamo a la acción: este martes retuvieron a dos funcionarios públicos y a un contratista, acusándolos de no cumplir con los compromisos pactados para reparar los desperfectos detectados en la obra.

    Los servidores públicos y el contratista retenido fueron identificados como:

    • Julián Salvador Vargas, residente de conservación de carreteras.
    • Carlos Cabrera Salazar, encargado de la obra.
    • Cecilio “N”, contratista responsable del proyecto.

    Retenidos en la cárcel comunitaria como medida de presión

    De acuerdo con los habitantes, los tres fueron llevados a la cárcel comunitaria como una medida de presión para forzar la atención inmediata a las fallas que —según denuncian— afectan la movilidad, ponen en riesgo la seguridad de los conductores y llevan meses sin atenderse, a pesar de múltiples compromisos verbales.

    “Nos cansamos de que vengan a prometer y no hagan nada. Si no pueden arreglar la carretera, que al menos se enteren de cómo se siente estar atrapado”, expresó uno de los vecinos inconformes.

    Exigen presencia de autoridades y soluciones inmediatas

    Tras la retención, las autoridades locales ya fueron notificadas del incidente. Los pobladores mantienen su exigencia de que representantes del Gobierno del Estado acudan de manera presencial para garantizar el cumplimiento de las obras y el castigo a quienes incumplen con los contratos.

    Hasta el momento, no se han reportado actos de violencia ni se ha confirmado la liberación de los detenidos. La comunidad permanece en vigilancia de la cárcel local, esperando respuestas de las autoridades estatales.