Etiqueta: Secretaría de Hacienda

  • Empresa que entregó placas defectuosas vuelve a ganar contrato millonario en Hidalgo

    Empresa que entregó placas defectuosas vuelve a ganar contrato millonario en Hidalgo

    La Secretaría de Hacienda del estado adjudicó nuevamente a Placas y Señalamientos Mexicanos, S.A. de C.V. la fabricación de 20 mil placas vehiculares, pese a que la misma empresa fue señalada meses atrás por entregar láminas defectuosas que se despintaron a las pocas semanas de uso.

    Empresa con historial cuestionado vuelve a ser contratada

    De acuerdo con documentos oficiales, la licitación otorgada asciende a 5 millones 169 mil pesos, y contempla 19 mil 200 placas de circulación con elementos de seguridad digital, como realidad aumentada y película protectora transparente.

    La firma, con sede en Ciudad de México, mantiene su registro activo en el Padrón de Proveedores del gobierno estatal bajo el número 3780, pese a que en mayo la titular de Hacienda, Esther Ramírez Vargas, anunció que se analizaría su posible baja tras detectarse lotes defectuosos.

    Hasta ahora, la Secretaría de la Contraloría no ha informado si inició sanción alguna.

    Nuevo contrato y seguro vehicular millonario

    La licitación también incluyó la contratación con Qualitas Compañía de Seguros, que obtuvo un contrato por 77.5 millones de pesos para asegurar 340 mil vehículos registrados en el programa de refrendo vehicular 2025.

    El seguro cubrirá responsabilidad civil, daños y muerte accidental del conductor, y exige a la empresa contar con oficinas de atención en al menos 15 municipios.

    La nueva adjudicación a Placas y Señalamientos Mexicanos ha generado cuestionamientos sobre los criterios de contratación y supervisión en el gobierno de Hidalgo, especialmente tras los antecedentes de fallas en la calidad de las placas.

  • Gobierno federal propone impuesto del 8% a videojuegos violentos

    Gobierno federal propone impuesto del 8% a videojuegos violentos

    El gobierno federal incluyó en el Paquete Económico 2026 una iniciativa para imponer un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) del 8% a los videojuegos con contenido violento, extremo o para adultos, clasificados como no aptos para menores de 18 años.

    La medida aplicará tanto a ventas físicas como a servicios digitales de acceso o descarga, ofrecidos por empresas nacionales y extranjeras sin establecimiento en México.

    La propuesta del Ejecutivo, defendida por la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene un enfoque preventivo: “no busca prohibir la adquisición de estos juegos, sino incentivar un consumo más consciente y proteger a los menores”, según el documento entregado a la Cámara de Diputados.

    De acuerdo con un estudio de The Competitive Intelligence Unit, los géneros más populares en México son acción/aventura, estrategias y disparos, y cuatro de los cinco juegos más demandados desde 2021 pertenecen al género de violencia.

    La Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2024 indica que el 26% de los gamers usa juegos de disparos y 25% de peleas, mientras que entre niños y niñas, el consumo de estos títulos alcanza 17% y 26%, respectivamente.

    La iniciativa incluye reformas legales:

    • Adecuaciones al artículo 2 de la Ley del IEPS para definir los videojuegos violentos como objeto gravable con tasa del 8%.
    • Creación del artículo 5-A BIS, que obliga a las plataformas digitales de intermediación a retener el impuesto.
    • Incorporación del artículo 20-A, que establece obligaciones para prestadores extranjeros sin establecimiento en México, como registrarse ante el SAT y reportar información de sus usuarios.

    Según datos de la Secretaría de Hacienda, la industria de videojuegos en México superó los 2,300 millones de dólares en 2024 y cuenta con más de 76 millones de jugadores activos, posicionando al país como el décimo mercado mundial y el primero en América Latina.

    El gobierno plantea que el impuesto funcione como un instrumento que promueva un consumo responsable, especialmente entre niños y adolescentes, limitando su acceso a títulos con contenido clasificado como C y D.

  • Congelan cuentas bancarias de Hernán Bermúdez y suspenden permisos de casinos ligados a su familia

    Congelan cuentas bancarias de Hernán Bermúdez y suspenden permisos de casinos ligados a su familia

    La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, así como de sus familiares, socios y empresas vinculadas, por presuntos delitos financieros como lavado de dinero, corrupción y simulación de operaciones fiscales.

    Simultáneamente, la Secretaría de Gobernación (Segob) suspendió los permisos de operación de dos casas de apuestas ligadas a la familia Bermúdez. Entre ellas, la empresa Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste S.A. de C.V., que operaba plataformas como CrownCity y CityBets, fue señalada por irregularidades tanto en su modalidad virtual como presencial.

    Acusaciones judiciales desde 2024

    Bermúdez Requena ha sido señalado desde noviembre de 2024 como presunto líder del grupo criminal “La Barredora”.

    La Fiscalía de Tabasco lo investiga por asociación delictuosa, extorsión y secuestro. En febrero de 2025 se giró una orden de aprehensión en su contra y posteriormente se emitió una ficha roja de Interpol. Hasta la fecha permanece prófugo.

    El pasado jueves, un juez federal negó la suspensión definitiva que solicitó su defensa, lo que permite que su captura pueda ejecutarse de forma inmediata.

    Conocido como el Comandante H, Hernan Bermúdez Requena, presuntamente colaboró con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
    Conocido como el Comandante H, Hernan Bermúdez Requena, presuntamente colaboró con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

    Vínculos con Adán Augusto López

    El caso ha generado polémica por los vínculos entre la familia Bermúdez y Adán Augusto López Hernández, actual senador, exsecretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco.

    En noviembre de 2017, cuando Adán Augusto López fungía como notario público en Villahermosa, Tabasco, dio fe de la constitución de Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste, fundada por Humberto Bermúdez Requena, hermano del exfuncionario investigado.

    Poco después, en julio y noviembre de 2018, dicha empresa obtuvo permisos de la Dirección General de Juegos y Sorteos de Segob para operar apuestas físicas y en línea. En octubre de 2022, ya bajo el mando de López en la Segob, otra empresa ligada a los Bermúdez, Pur Umazal Tov, recibió una ampliación de permiso por diez años más, extendiendo su operación hasta 2039.

    Periodistas y ciudadanos han señalado un posible conflicto de interés y una cadena de favores entre etapas de la carrera pública de López Hernández.

    Ante las críticas, el senador morenista defendió su actuar asegurando que “nunca sospechó” actividades ilícitas por parte de Bermúdez Requena. “De haberlo hecho, inmediatamente lo hubiésemos separado del cargo”, afirmó.

  • Es pura hipocresía”: Sheinbaum sobre acusaciones del PAN a Vector Casa de Bolsa

    Es pura hipocresía”: Sheinbaum sobre acusaciones del PAN a Vector Casa de Bolsa

    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó como “pura hipocresía” la denuncia penal promovida por el Partido Acción Nacional (PAN) contra Vector Casa de Bolsa, empresa vinculada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a presunto lavado de dinero.

    En la conferencia matutina de este martes 1 de julio de 2025, Sheinbaum exigió que el PAN presente pruebas concretas si desea sostener un proceso legal serio.

    La denuncia fue presentada el lunes 30 de junio ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, y otros integrantes del partido. Acusaron a Vector y a su propietario, Alfonso Romo —quien se desempeñó como jefe de la Oficina de la Presidencia en la administración anterior— de presunto encubrimiento y de ser parte de una red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico, basada en los señalamientos del gobierno estadounidense.

    Sheinbaum afirmó que los documentos enviados por el Departamento del Tesoro a México “no representaban prueba alguna” para sustentar cargos de lavado de dinero. Subrayó que una denuncia de esa magnitud debe estar perfectamente sustentada con evidencias que permitan iniciar un proceso penal y sentenció que, sin ello, la acusación no pasa de ser una campaña de propaganda política.

    Asimismo, la presidenta contrastó la postura del PAN con los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Según Sheinbaum, Hacienda realizó auditorías administrativas detalladas y la CNBV impuso sanciones a Vector únicamente por fallas administrativas, pero no halló elementos que indicaran lavado de dinero. “No presentaron ningún indicio de lavado financiero”, enfatizó la mandataria.

    El PAN, por su parte, ha insistido en que los reportes del Departamento del Tesoro contienen datos relevantes que podrían involucrar a directivos y socios de Vector en operaciones ilegales. Jorge Romero y sus acompañantes señalaron que la denuncia permitirá que la FGR actúe conforme a derecho y que se profundice la investigación para evitar que presuntos delincuentes operen en el sistema financiero mexicano.

    A pesar de la oposición panista, el gobierno de México sostiene que actuará conforme a la ley. La SHCP continuará con sus revisiones internas, y la CNBV mantendrá su vigilancia regulatoria. No obstante, hasta ahora no se ha anunciado que la FGR haya abierto una carpeta de investigación formal con base en la denuncia del PAN. La jefa del Ejecutivo reiteró que, para cualquier investigación seria, se requiere evidencia clara y sustentable ante la autoridad competente.

    Confrontada por la prensa, Sheinbaum evitó comentar sobre posibles intereses políticos detrás de la denuncia, aunque advirtió que acusaciones sin pruebas pueden dañar la reputación del sistema financiero sin fundamento, complicar la relación bilateral con Estados Unidos y provocar incertidumbre en los mercados nacionales e internacionales. El Gobierno, aseguró, seguirá trabajando para evitar ese tipo de consecuencias y garantizar certidumbre jurídica.