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A más de una semana del doble homicidio de dos policías de investigación en la colonia La Loma, en Pachuca, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, confirmó que al menos una o dos personas más estarían implicadas en el crimen y permanecen prófugas.

Siguen abiertas las líneas de investigación

En entrevista con medios, Menchaca reconoció que las investigaciones en torno a este hecho no han concluido y aseguró que las autoridades ya trabajan en la localización de los probables responsables que escaparon. Señaló además que los cuatro detenidos ya fueron vinculados a proceso, pero que “faltan uno o dos” por detener.

“Es algo que reprochamos, en el cumplimiento de su deber. Ni siquiera fue una aprehensión, fue una notificación. Estaban exacerbados los ánimos de estas personas y demuestran su peligrosidad”, dijo el mandatario.

El gobernador confirmó que uno de los detenidos tenía una relación sentimental con la mujer que había solicitado medidas de protección, razón por la cual los agentes acudieron al domicilio.

A ese inmueble, que operaba como una especie de “santuario” de corte satánico llamado “Angelito Negro 666”, llegaron los dos elementos de la División de Investigación para entregar el documento oficial. Nunca salieron con vida.

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Agresión brutal y omisiones internas

El ataque ocurrió el 6 de julio. Los agentes Vicente Monroy Ballesteros y Paulino Castañeda Aguilar fueron agredidos, secuestrados y golpeados hasta la muerte. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) detuvo ese mismo día a cuatro personas: tres hombres y una mujer, acusadas de secuestro agravado, delitos contra la salud y posesión de cartuchos exclusivos del Ejército.

Horas más tarde, tras la muerte del segundo agente, familiares y compañeros de la corporación señalaron públicamente a Patricia Moya, comandante de la Policía de Investigación, por no haber activado los protocolos tras la desaparición de los elementos. Exigieron su salida inmediata.

La PGJEH confirmó que Moya fue destituida del cargo y el procurador Francisco Fernández Hasbun anunció una reestructuración interna en la corporación para corregir los errores y omisiones evidenciadas por este caso.

Lo que sigue

Aunque los presuntos responsables fueron imputados por secuestro agravado y no por homicidio, la fiscalía continúa integrando nuevas pruebas para ampliar las acusaciones.

El Ministerio Público tiene tres meses de plazo para concluir la investigación complementaria, mientras los detenidos permanecen bajo prisión preventiva oficiosa.

Mientras tanto, el gobierno estatal mantiene abiertas las búsquedas de las personas prófugas que, según las autoridades, también habrían participado en el crimen.