La diputada local de Morena con licencia, Alhely Medina Hernández, confirmó en redes sociales que existe una orden de aprehensión en su contra. Pero, lejos de admitir responsabilidad o esclarecer hechos, se declaró víctima de una persecución política y afirmó con énfasis: «NO SOY PRÓFUGA, SOY INOCENTE».
Del fuero a la defensa pública
Medina, quien hasta hace poco representaba al distrito de Zimapán, asegura que un juez federal le concedió una suspensión definitiva que impide su detención. Esto, tras ser vinculada —aunque no formalmente imputada— a un delicado caso de presunto abuso sexual contra menores. Un caso que ella niega rotundamente, pero que no ha logrado sacarse de encima.
Discurso de víctima, sin aclarar el fondo
En su extenso comunicado, la diputada no ofrece detalles que desmientan de manera contundente las razones por las que se giró una orden de captura. Prefiere señalar a «grupos políticos» que, según ella, buscan dañar la gobernabilidad local y su imagen personal. Mientras tanto, el caso sigue sin esclarecerse ante la opinión pública.
Daño moral, violencia política… ¿y las víctimas?
Medina denuncia daño moral, violencia política y persecución, pero nada dice sobre las víctimas del caso que la involucra. En un país donde los escándalos políticos suelen diluirse en comunicados largos y evasivos, la estrategia parece clara: voltear el reflector hacia sí misma y esquivar cualquier discusión de fondo.
Una licencia más y muchos silencios
El Congreso local ya le concedió una nueva licencia temporal, justo cuando la justicia avanzaba en su contra. Mientras ella dice que su conciencia está tranquila, la ciudadanía espera más que frases fuertes: exige claridad, rendición de cuentas y que el peso de la ley se aplique con imparcialidad.
