Vecinos que integran el Comité de Fraccionamientos del Sur —organización que agrupa zonas habitacionales de Pachuca, Mineral de la Reforma y Zempoala— alertaron sobre la sobrepoblación y la construcción irregular de decenas de nuevos fraccionamientos al sur de la Zona Metropolitana, los cuales colapsan cada año durante la temporada de lluvias.
“No compren en fraccionamientos, no tenemos salidas de emergencia, Protección Civil, escuelas, panteones, se inunda horrible”, fue el mensaje que el comité publicó este domingo 15 de junio en su página oficial, en medio de la tromba que azotó la ciudad y que rebasó la capacidad del sistema pluvial, provocando inundaciones en diversas zonas del sur de la capital hidalguense.
El Comité de Fraccionamientos del Sur agrupa a representantes de Bosques de Santa Matilde, Viñedos, Real Toledo, Privadas del Sol, San Marcos, Victoria, Esmeralda, Privadas Diamante, Platinum, Ex Hacienda Las Torres, Olivenza y todo el polígono de Téllez.
Tras la lluvia del domingo, los vecinos documentaron inundaciones en las colonias Parque Urbano San Antonio, Privadas del Sol, la fase 13 de Real Toledo, Privadas Santa Matilde, fraccionamiento Victoria, Bosques de Matilde y la calle Ferrocarril.
Acompañadas de imágenes de los daños, las denuncias vecinales detallaron que, en varios fraccionamientos, el agua comenzó a brotar por los baños de las viviendas.
“Estamos colapsados: Bosques de Matilde, privadas 15 y 16; en fraccionamiento Victoria colapsó el drenaje; en privada 26, el agua sale por los baños”, reportaron.
Señalaron que en Bosques de Matilde, la tarde del lunes 16 de junio varias calles seguían anegadas.
Desde su conformación, el Comité ha denunciado que los gobiernos municipales de Pachuca, Zempoala y Mineral de la Reforma, así como el Gobierno de Hidalgo, han permitido durante los últimos 15 años la expansión desmedida de fraccionamientos, sin inversión suficiente en infraestructura pluvial ni en el suministro de agua potable.
También han documentado la edificación desmedida de privadas, sin que las autoridades ni las constructoras garanticen la construcción de nuevas calles, la mejora de las existentes, ni la habilitación de escuelas, parques públicos u otros servicios básicos.
