Sandra Lucía Téllez Nieves, señalada como una de las propietarias y responsables legales de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, fue detenida en Estados Unidos y se encuentra en proceso de deportación por parte de ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas).
La confirmación del proceso ocurre luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara que su gobierno solicitará formalmente la extradición de Téllez para que enfrente la justicia en México por su presunta responsabilidad en el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009, que provocó la muerte de 49 niñas y niños, además de dejar más de 100 lesionados.
Téllez tiene orden de reaprehensión y ficha roja de Interpol
Téllez Nieves fue sentenciada en 2016 por homicidio y lesiones culposas, pero gracias a una reducción de pena, fue liberada tras solo cinco años de prisión. Sin embargo, en 2022 se emitió una orden de reaprehensión en su contra, además de una ficha roja de Interpol, lo que activó su búsqueda internacional.
Tras su localización en Arizona, se inició el procedimiento de detención con fines de extradición, y su audiencia está programada para el 8 de octubre de 2025.
Colectivos exigen justicia tras años de impunidad
El colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños, integrado por familiares de las víctimas, ha exigido que la extradición se concrete sin demoras. Consideran que, pese a los años transcurridos, sigue pendiente la justicia por la tragedia en la Guardería ABC.
El gobierno mexicano, a través de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ha ratificado que seguirá el proceso conforme a los tratados internacionales de extradición con Estados Unidos.
- PAN paga más de 2 millones de pesos a joven organizador de la marcha Z
- VIDEO: Regidor de Cuautepec dispara armas y lanza presunta amenaza al alcalde
- Olivares pide “paz”, pero ni ve las violencias ni escucha a las mujeres
- Bloqueo en la carretera Ixmiquilpan–Actopan cumple seis horas sin acuerdos entre autoridades y pobladores
- Destituyen a nueve funcionarios en Hidalgo por graves omisiones en la atención a mujeres víctimas de violencia