Grupo Elektra, empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego, deberá pagar más de 2 mil millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), luego de que un tribunal federal le negara un amparo en un juicio fiscal.
Tras el fallo, el grupo empresarial acusó al Poder Judicial de actuar con sesgo político y de avalar presuntos abusos por parte de la autoridad tributaria.
La sentencia que desató el conflicto
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió negar el amparo promovido por Grupo Elektra en un caso relacionado con un crédito fiscal superior a los 2 mil millones de pesos.
La empresa calificó la resolución como “arbitraria e ilegal”, y aseguró que el fallo se dio ignorando pruebas documentales y reinterpretando el marco legal vigente.
Críticas directas a magistrados
En un comunicado emitido este martes, Grupo Salinas responsabilizó a los magistrados Gustavo Roque Leyva, Manuel Monroy Álvarez y Karla Fernanda Fernández Barrios de emitir una sentencia que, según su versión, desestima pérdidas fiscales legalmente reconocidas y exige requisitos no contemplados por la normativa fiscal.
También acusaron que los jueces excluyeron elementos como contratos mercantiles y estados de cuenta que, argumentan, fueron ofrecidos como prueba válida.
Acusan presión política y uso del Poder Judicial
Grupo Salinas sostiene que esta resolución forma parte de un patrón que se repite en otros casos recientes, en los que —según la empresa— el Poder Judicial actúa con base en presiones políticas. En su mensaje, se afirmó que el sistema judicial “se está institucionalizando como un mecanismo de extorsión fiscal”.
En ese sentido, Grupo Elektra reiteró que no dejará de ejercer su defensa y que acudirá a otras instancias para impugnar el fallo.
No hay pronunciamiento del SAT ni del Poder Judicial
Hasta el momento, ni el SAT ni el Poder Judicial han emitido respuesta a los señalamientos del grupo empresarial. La resolución ocurre en el contexto de una serie de litigios que mantiene Grupo Salinas con la autoridad fiscal, relacionados con deudas acumuladas por varias de sus empresas.
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