Un nuevo escándalo sacude al gobierno de Mario David Medina Hernández, alcalde de San Agustín Tlaxiaca, tras el desalojo forzado de vendedoras ambulantes en inmediaciones del Instituto de Ciencias de la Salud (ICSA) de la UAEH.
El operativo fue ejecutado por elementos de la policía municipal y personal del Ayuntamiento, pese a que las comerciantes –en su mayoría mujeres– llevaban años trabajando en la zona, ofreciendo alimentos a bajo costo a la comunidad estudiantil.
Uso de fuerza e intimidación: lo que los videos muestran
Videos difundidos en redes sociales exhiben a las autoridades actuando de manera violenta durante el desalojo. Las afectadas aseguran que no fueron notificadas previamente y que se usó la fuerza sin justificación. Algunas incluso señalaron que el propio alcalde intimidó personalmente a sus familias.
“No somos delincuentes, solo queremos trabajar”, declaró una de las vendedoras desalojadas.
El comunicado oficial: otra historia
En contraste, el Ayuntamiento emitió un comunicado donde niega el uso de la fuerza y asegura que todo se llevó a cabo “en estricto apego a la Ley de Imagen Urbana del Estado de Hidalgo”.
Según la versión oficial, se ofreció una alternativa de reubicación en un terreno particular, donde el gobierno cubriría el 50% del arrendamiento. También afirman haber realizado notificaciones formales y mesas de diálogo.
Críticas desde la oposición y redes sociales
El Comité Directivo Estatal del PAN en Hidalgo condenó el actuar del alcalde, calificándolo como “un ejercicio desmedido del poder” y “un atentado contra la economía local”.
La comunidad universitaria también reaccionó. Estudiantes, egresados y trabajadores usaron redes sociales para denunciar el desalojo como una agresión contra el trabajo informal y la economía popular.
“Ya ni en la universidad se puede vender sin que llegue la policía a patearte la canasta”, escribió un usuario en X (antes Twitter).
Reglamentos bajo sospecha
Además de las acciones del alcalde, comerciantes denunciaron públicamente a Aldair Hinojosa Olvera, director de reglamentos, por extorsión y abuso de autoridad. Aseguran que no cuenta con estudios concluidos y que su gestión se ha dedicado a presionar a quienes trabajan en el comercio informal.
¿Orden urbano o represión institucional?
El argumento del Ayuntamiento gira en torno al orden urbano, pero las imágenes, testimonios y reacciones apuntan a una estrategia de criminalización del comercio informal que impacta directamente a mujeres trabajadoras.
La zona del ICSA ha sido históricamente punto de venta para estudiantes de escasos recursos. La intervención del gobierno municipal es vista por muchos como una medida desproporcionada y represiva.
