Dos figuras emblemáticas del regional mexicano, Julión Álvarez y Lorenzo de Monteclaro, enfrentan obstáculos para presentarse en Estados Unidos tras la cancelación de sus visas por parte del gobierno de ese país. Aunque ambos artistas atribuyen el problema a trámites migratorios, los antecedentes y el contexto han despertado sospechas sobre posibles vínculos con operaciones financieras irregulares.
Dos artistas, dos giras canceladas… y un mismo patrón
Julión Álvarez, quien tenía programado un concierto el 24 de mayo en Arlington, Texas, anunció la suspensión del evento debido a que ni él ni su equipo pudieron ingresar al país tras la revocación de sus visas. No es la primera vez que enfrenta este tipo de situación: en 2017 fue señalado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. por supuestos vínculos con el lavado de dinero. Aunque no se le ha imputado formalmente, el señalamiento persiste en la memoria del público y las autoridades.
Por su parte, Lorenzo de Monteclaro, conocido como “La Leyenda Viva”, informó esta semana que no podrá acompañar a su colega Chelo en la gira “El adiós de una Grande” en Arizona, Texas, Utah y California, debido a “problemas con su documentación”. En redes sociales, la noticia generó mensajes de apoyo, pero también cuestionamientos. El comunicado oficial no ofreció mayores detalles sobre las razones detrás de la revocación de la visa.
¿Coincidencia o señal de algo más?
Ambos casos comparten características que van más allá de simples irregularidades en documentos migratorios. Las cancelaciones de último minuto, la falta de explicaciones claras por parte de las autoridades estadounidenses y el historial de investigaciones por lavado en la industria musical han llevado a analistas y seguidores a preguntarse si estas medidas obedecen a nuevas indagatorias relacionadas con el flujo de dinero en espectáculos masivos.
Estados Unidos ha mantenido una política activa de vigilancia sobre figuras públicas mexicanas cuando existen sospechas de vínculos con redes de financiamiento ilícito, particularmente en el ámbito del entretenimiento. La inclusión de Julión Álvarez en la lista OFAC en 2017 aún tiene consecuencias visibles, y ahora Lorenzo de Monteclaro se suma a un escenario similar, aunque sin antecedentes conocidos.
Por ahora, ni el Departamento del Tesoro ni autoridades migratorias han emitido comunicados oficiales adicionales, pero la sincronía entre ambas revocaciones despierta una interrogante: ¿se trata de un simple contratiempo administrativo, o de una nueva ola de revisiones por posible lavado de dinero vinculado al espectáculo?
