La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) logró la vinculación a proceso de un dirigente sindical identificado como P. L. E. B., líder del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca de Soto, acusado de abuso sexual agravado.
Los presuntos hechos ocurrieron en abril de 2024, cuando una trabajadora denunció haber sido objeto de tocamientos sin consentimiento y agresiones verbales de carácter sexual.
La denuncia fue presentada por la víctima, quien fungía como subordinada de P. L. E. B. Ante las autoridades, relató que el exdirigente ejerció actos que vulneraron su integridad física y emocional en el contexto laboral. A raíz de esto, la PGJEH inició investigaciones para recopilar evidencia suficiente.
El 24 de junio de 2025, policías de investigación adscritos a la Subprocuraduría de Delitos de Género, Desaparición de Personas e Impacto Social ejecutaron la orden de aprehensión girada por una autoridad judicial.
El detenido fue presentado el mismo día ante un juez de control en Pachuca de Soto, en una audiencia inicial en la que el Ministerio Público formuló la imputación correspondiente por el delito de abuso sexual agravado.
En esa fase, el imputado solicitó acogerse a la duplicidad del término constitucional, lo que permitió un aplazamiento temporal del dictamen. El MT solicitó además la medida cautelar de resguardo domiciliario, misma que fue otorgada por la autoridad judicial para asegurar su presencia durante el proceso legal.
El 30 de junio se llevó a cabo la audiencia de continuación, en la que los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público convencieron a una jueza de control para dictar el auto de vinculación a proceso por abuso sexual agravado.
Durante el encuentro judicial se determinó también un plazo de un mes para que la investigación complementaria sea cerrada, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales.
A lo largo de la audiencia, documentaron evidencia testimonial y pericial, que incluyó declaraciones de la denunciante, dictámenes psicológicos certificados y análisis de posibles lesiones físicas. Ante la gravedad del delito, la medida de resguardo domiciliario se mantendrá mientras avanza el proceso.
La vinculación a proceso permite a las partes involucradas presentar pruebas adicionales y ejercer sus derechos.
Ahora se abre una etapa en la que la defensa del imputado y el Ministerio Público podrán aportar más evidencia, solicitar peritajes o realizar más entrevistas, hasta que concluya la etapa de investigación complementaria.
Este avance judicial refleja el abordaje institucional que la PGJEH da a los casos de violencia de género en el estado, alineado con protocolos para proteger a la víctima y garantizar su acceso a la justicia. Además, este caso sienta un precedente sobre la manera en que se persigue penalmente el abuso cometido por personas en posiciones de autoridad dentro de los sindicatos.
