El gobierno federal incluyó en el Paquete Económico 2026 una iniciativa para imponer un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) del 8% a los videojuegos con contenido violento, extremo o para adultos, clasificados como no aptos para menores de 18 años.
La medida aplicará tanto a ventas físicas como a servicios digitales de acceso o descarga, ofrecidos por empresas nacionales y extranjeras sin establecimiento en México.
La propuesta del Ejecutivo, defendida por la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene un enfoque preventivo: “no busca prohibir la adquisición de estos juegos, sino incentivar un consumo más consciente y proteger a los menores”, según el documento entregado a la Cámara de Diputados.
De acuerdo con un estudio de The Competitive Intelligence Unit, los géneros más populares en México son acción/aventura, estrategias y disparos, y cuatro de los cinco juegos más demandados desde 2021 pertenecen al género de violencia.
La Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2024 indica que el 26% de los gamers usa juegos de disparos y 25% de peleas, mientras que entre niños y niñas, el consumo de estos títulos alcanza 17% y 26%, respectivamente.
La iniciativa incluye reformas legales:
- Adecuaciones al artículo 2 de la Ley del IEPS para definir los videojuegos violentos como objeto gravable con tasa del 8%.
- Creación del artículo 5-A BIS, que obliga a las plataformas digitales de intermediación a retener el impuesto.
- Incorporación del artículo 20-A, que establece obligaciones para prestadores extranjeros sin establecimiento en México, como registrarse ante el SAT y reportar información de sus usuarios.
Según datos de la Secretaría de Hacienda, la industria de videojuegos en México superó los 2,300 millones de dólares en 2024 y cuenta con más de 76 millones de jugadores activos, posicionando al país como el décimo mercado mundial y el primero en América Latina.
El gobierno plantea que el impuesto funcione como un instrumento que promueva un consumo responsable, especialmente entre niños y adolescentes, limitando su acceso a títulos con contenido clasificado como C y D.
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